Médicos del Mundo Francia en Uruguay

Iniciativas Sanitarias inicia talleres de sensibilización sobre la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo

Médicos del Mundo Francia en Uruguay — 2013-05-14T16:57:35Z

Iniciativas Sanitarias (IS) se encuentra desarrollando una serie de talleres de capacitación con el objetivo de "Sensibilizar e informar a los funcionarios del hospital Pereira Rossel acerca de la nueva ley de Interrupción Voluntaria del embarazo". El cometido general de la capaticación es el de mejorar la calidad de la atención.

La ley 18.987 conocida como ley IVE (Interrupción Voluntaria del Embarazo) se encuentra dando sus primeros pasos ya que fue aprobada y reglamentada a finales del pasado año 2012. Para su correcta implementación y la eliminación de posibles barreras, es importante que los funcionarios y funcionarias de los Centros de Salud conoscan los nuevos derechos de las usuarias.

Según Cecilia Stapff, Coordinadora del Area Política y Difusión de IS, se está informando y sensibilizando a todos aquellos funcionarios que puedan tener contacto con las usuarias que acuden a solicitar una interrupción de embarazo en el marco de la nueva ley: "Se han inscripto para participar de este taller funacionarios de Mostradores de informes, registros médicos, gestión de consulta ambulatoria, concerjería, archivo y recaudaciones".

En este primer momento se apunta más al área adminstrativa. Se trata de todos los técnicos que acompañan la ruta crítica de las usuarias. Seguidamente en esta misma semana se realizará una segunda instancia del mismo taller pero más dirigida al área de enfermería.

"Estamos sorprendidos con la buena recepción y el número de funcionarios interesados en participar de estas instancias", dijo Stapff y agregó que "estas mismas instancias se van a reproducir en los departamentos que estamos trabajando con Médicos del Mundo que son Artigas, Cerro Largo y Paysandú".


La Dr. Mónica Gorgoroso comenzando el taller.

Marco Legal

Médicos del Mundo Francia en Uruguay — 2013-05-07T15:13:13Z

Legislación vigente en Uruguay sobre Interrupción Voluntaria del embarazo y derechos sexuales y reproductivos. Uruguay se encuentra atravesando un período de cambios en su marco legal sobre derechos sexuales y reproductivos. Desde la ley de Salud sexual y reproductiva en 2008 hasta la sanción y promulgación de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en 2012 se han ido implementando diversos cambios en la normativa (...) - Presentación

Ratifican firmas necesarias para convocar consulta pública sobre ley de aborto

Médicos del Mundo Francia en Uruguay — 2013-05-02T14:56:43Z

La Corte Electoral (CE) de Uruguay confirmo en estos días que los impulsores del referendum derogatorio de la ley de aborto alcanzaron las firmas necesarias para una primera convocatoria no obligatoria a las urnas. Las organizaciones sociales partidarias de la legalización convocan a no ir a votar.

El organismo electoral uruguayo ratificó 52.345 firmas y convocará para el próximo 23 de junio a una consulta popular que deberá reunir el voto afirmativo del 25% de los habilitados en el padrón electoral (655 mil personas) para recién entonces poder habilitar en octubre un referéndum obligatorio en el que los uruguayos deberán expedirse a favor o en contra de la ley.

Mujer y Salud en Uruguay (MYSU) en conjunto con el Departamento de Género de la Central de Trabajadores (PIT-CNT) y un gran número de organizaciones de todo el páis, tomaron posición sobre la consulta en lo que fue la Tercera Jornada Nacional por la Salud y los Derechos Sexuales y reproductivos. la Declaración emitida luego de su reunión del 12 de abril expresa: "Ante la iniciativa de sectores del Partido Nacional para convocar a una consulta ciudadana que habilite un plebiscito para derogar la ley, las organizaciones sociales en defensa de los derechos humanos nos oponemos rotundamente".

Lilián Abracinskas, directora de MYSU destaca que "La consulta ciudadana no es pertinente porque lo que pone a consideración es si la práctica del aborto debe resolverse en servicios seguros o si continuará siendo una práctica clandestina. No es un mecanismo para mejorar la ley, porque una mala ley sólo se resuelve en un próximo proceso legislativo".

Por su parte los partidarios del referendum derogatorio de la ley de aborto se encuentran realizando contactos con dirigentes partidarios de diferentes sectores para lograr su compromiso activo ante la nueva etapa que comienza.

Si bien estos contactos no han rendido sus frutos hasta la fecha, el ex-presidente frenteamplista Tabaré Vázquez, que en 2008 vetó la ley de aborto aprobada en el parlamento, parece haber asumido un compromiso con el proceso hacia el referendum. Luego de firmar por la consulta anunció la presentación de un libro en donde explica los fundamentos de su veto.

Status legal del aborto en el mundo

Médicos del Mundo Francia en Uruguay — 2013-04-23T14:42:38Z

El Centro de Derechos Reproductivos dió a conocer la versión 2013 del mapa mundial sobre acceso al aborto legal.

Este mapa clasifica a los países del mundo según sus leyes de aborto, las que van desde muy restrictivas a relativamente tolerantes, e incluye tanto a Estados independientes como a otras entidades de más de un millón de habitantes, entre ellas regiones semiautónomas, territorios y jurisdicciones con rango especial, tales como Hong Kong o Irlanda del Norte.

El mapa muestra que más del 60% de la población mundial vive en países con un marco normativo tolerante. Desde la creación del mapa en 1998, alrededor de 24 países liberalizaron sus leyes de aborto y sólo unos pocos las han hecho más restrictivas.

Ir al mapa interactivo.

Visita a los equipos del interior Iniciativas Sanitarias y Médicos del Mundo

Médicos del Mundo Francia en Uruguay — 2013-04-23T07:31:00Z

Un objetivo central del Proyecto de Iniciativas Sanitarias con Médicos del Mundo, es el fortalecimiento de la implementación de los Servicios de Salud Sexual y Reproductiva (y ahora puntualmente la ley de IVE) en Cerro Largo, Artigas y Paysandú. Para esto se realizó una visita a los equipos del interior que están funcionando en forma comprometida, compartiendo avances y dificultades en esta etapa.

Se realizó la Tercera Jornada por la Salud y los Derechos Sexuales y Reproductivos

Médicos del Mundo Francia en Uruguay — 2013-04-18T11:51:05Z

El principal objetivo de esta jornada es el de avanzar hacia la consolidación de una red nacional de organizaciones y trabajadores/as de la salud en torno a la problemática de los derechos sexuales y reproductivos. En particular se propone realizar un monitoreo permanente de la implementación de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo aprobada en setiembre de 2012.


Carine Thibaut (Médicos del Mundo), Lilián Abracinskas (MYSU), Loreley Hernández (PIT-CNT)

El trabajo consisitió en una primera parte de información en donde, además de los organizadores, se contó con la exposición de la Dra. Leticia Rieppi, Coordinadora del Área de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud Pública acerca de los avances y desafíos de la nueva legislación.


Dra. Leticia Rieppi

En una segunda parte los y las participantes se dividieron en 3 grupos de trabajo:

1- Información y comunicación en torno a los servicios de aborto seguro;

2- monitoreo de los servicios; y

3- respuesta ciudadana ante posible consulta para la derogación de la ley Nº 18.987 de IVE.

A partir de estos grupos se lograron importantes acuerdos para el trabajo en conjunto que incluyen la ampliación de la red de información entre las organizaciones, profundización del monitoreo de los servicios de salud y la toma de medidas de respuesta ante una posible consulta ciudadana para la derogación de la Ley de IVE.

La primera jornada tuvo lugar en Montevideo el 3 de agosto de 2012 mientras que la segunda se realizó en la localidad de Raigón, Departamento de San José.

La 3ra. Jornada Nacional por la Salud y los Derechos Sexuales y Reproductivos contó con el apoyo de Médicos del Mundo-Francia, International Women Health Coalition y Global Fund for Women.

Video:

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Médicos del Mundo Francia en Uruguay — 2013-04-16T12:24:51Z

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Segundo Taller de Intercambio Regional; Documento de Sistematización

Médicos del Mundo Francia en Uruguay — 2013-04-09T22:29:46Z

Dicho taller daba continuidad al proceso iniciado en 2011 con el Primer Taller Regional celebrado en Montevideo, en el que participaron organizaciones feministas y de profesionales de la salud de cinco países latinoamericanos: Guatemala, México, Nicaragua, Perú y Uruguay, así como representantes de Médicos del Mundo Francia y Médicos del Mundo Argentina. En el Segundo Taller, se sumaron a estos participantes organizaciones de la sociedad civil de Colombia y Haití, así como representantes de Médicos del Mundo España. En total, participaron de este evento 43 personas.

El documento que ofrecemos a continuación recoge la sistematización realizada por la Lic. Marcela Schenck.

Ley de aborto: Buscan sortear barreras en su implementación

Médicos del Mundo Francia en Uruguay — 2013-03-07T13:44:31Z

A 3 meses de la implementación de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), las consultas aumentaron de forma sustancial tanto en los servicios públicos como en los servicios privados. El método de IVE utilizado es, como lo define la reglamentación de la ley, mayormente el farmacológico con el uso de la mifepristona, accesible en el país desde diciembre de 2012.

A pocos meses del comienzo de su implementación, la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo enfrenta desafíos que pueden convertirse en ciertos en barreras de acceso a la IVE. Uno de los desafíos mayor esta en ciertos departamentos del país donde una gran parte – a aveces el conjunto – de los/as ginecólogo/as hicieron objeción de consciencia. En estos departamentos, las mujeres que piden una IVE están derivadas a Montevideo, lo que significa varios kilómetros de viaje, y aveces varias idas y vueltas.

La escasez de recursos humanos - sobre todo asistentes sociales -para conformar los equipos, más un 30% de ginecólogos objetores de conciencia, parecen dificultar el acceso a los servicios de IVE ante la importante demanda inicial.

La asociación médicaorganizacion de profesionales de la salud - Iniciativas Sanitarias - trabaja en el hospital público “Pereira Rossell”, principal maternidad del país. Allí apoyan el trabajo del servicio de salud sexual y reproductiva que hoy está a cargo de recibir y procesar las demandas de interrupciones voluntarias de embarazo. Su vocera Cecilia Stapff señala que “Este cambio legal ha generado diversas reacciones en el colectivo médico, hay un alto porcentaje de ginecólogos/as que están trabajando en forma comprometida con la nueva ley y son la base para generar cambios”.

Para Stapff “fue un comienzo complejo pero se han logrado sortear muchos obstáculos. El proceso de conformación de los equipos interdisciplinarios es lo que genera más dificultades, la falta de recursos humanos (sobre todo del área psico-social) es una constante en muchas de las instituciones. La objeción de conciencia de algunos ginecólogos/as ha enlentecido en algunos casos el acceso de las mujeres al IVE, lo cual se ha ido agilizando con el pasar de los días, siendo derivadas a otros centros”.

Por su parte Lilián Abracinskas, directora de Mujer y Salud en Uruguay MYSU, opina que la ley y su reglamentación presentan algunas fallas que se están haciendo más evidentes en la práctica. El hecho de que la reglamentación priorice los procedimientos farmacológicos quita la libertad de la mujer a elegir y ya se han denunciado casos en que la insistencia con este tipo de procedimientos, deja a la mujer fuera de los plazos legales y sin haber concretado exitosamente la interrupción. “Esto se debe a que una de las hipótesis que suponìa la reglamentación del Ministerio de Salud Pública, era que iba a haber menos resistencia en los gineco-obstetras para prescribir misoprostol que para realizar una aspiración”.

Por otra parte Abracinskas destaca que la objeción de conciencia puede dejar a las mujeres sin cobertura, sobre todo en el Departamento de Salto en donde la totalidad de los ginecólogos y ginecólogas presentaron este recurso: “Como la ley exige que sea el ginecólogo el que prescriba el fármaco o el que realice el aborto, esto se convierte en una barrera para el acceso, fundamentalmente debido a que no existe nadie que controle o obligue de una manera directa a la institución a cumplir con la ley”.

Según datos del Ministerio de Salud Pública publicados en su página web, en el primer mes de implementación se concretaron 200 Interrupciones Voluntarias de Embarazo (IVE). Aún no existen cifras oficiales de cuáles son las características de las mujeres que consultan en el sistema de salud por este motivo pero anteriores estudios han arrojado que se trata principalmente de mujeres de edad promedio 27 años, en pareja y que en su mayoría estaban usando un método para evitar un embarazo.

Los derechos de las mujeres en América Latina frente al aborto inseguro e ilegal

Médicos del Mundo Francia en Uruguay — 2013-02-21T10:10:32Z

Marcela Schenck, Alejandra López Gómez, Cecilia Stapff et al.

El aborto inducido en condiciones de riesgo practicado en un contexto legal restrictivo constituye una problemática de salud pública por sus consecuencias en la morbimortalidad de las mujeres. Es asimismo una violación de sus derechos humanos, reconocidos en diversos instrumentos del Sistema de las Naciones Unidas. Abordamos a continuación esta realidad en cinco países latinoamericanos (Nicaragua, Guatemala, Perú, Uruguay y México), reflexionando sobre distintas estrategias desarrolladas desde la sociedad civil para la ampliación de derechos.

En América Latina, a pesar de una prevalencia elevada de los abortos inseguros, que superan el 95 por ciento de los procedimientos de interrupción voluntaria del embarazo [1], las políticas estatales siguen dominadas por legislaciones restrictivas [2]. Esta doble dimensión (en tanto violación de derechos y riesgo sanitario) asociada al aborto realizado en condiciones de riesgo ha nucleado a dos tipos de actores: el movimiento feminista y las organizaciones de profesionales de la salud.

El primero ha centrado sus demandas en la ampliación de derechos, visibilizando cómo la penalización del aborto lesiona la autonomía y la salud de las mujeres; mientras que el segundo ha puesto de manifiesto el rol político de su práctica profesional y ha desarrollado varias iniciativas para disminuir la morbimortalidad.

Ambos actores han contribuido al desarrollo del tema desde la sociedad civil, brindando elementos para la ampliación de la noción de ciudadanía de las mujeres al concebir la inclusión de un factor fundamental para la concreción de sus derechos sexuales y reproductivos: el que puedan ejercer su derecho a la autodeterminación reproductiva y practicarse abortos voluntariamente, sin que exista riesgo para su salud ni para su seguridad, dentro de un marco de derechos.

Los datos a los que hace referencia este artículo fueron en su mayoría aportados por las organizaciones de Nicaragua, Guatemala, Perú, Uruguay y México participantes del taller regional “Promoción de los Derechos Sexuales y Reproductivos en América Latina: intercambio de experiencias de estrategias dirigidas a mejorar el acceso a servicios de aborto seguro y legal”, organizado por Médicos del Mundo Francia (MDMF) [3]. Este taller representó una oportunidad para compartir estrategias de promoción de abortos legales y seguros, permitiendo aprender de las acciones de los demás actores, identificando obstáculos y oportunidades para alcanzar la plena concreción de los derechos de las mujeres.

Una mirada desde la sociedad civil

Para abordar la situación en cada país se ha decidido comenzar por el más restrictivo de los contextos y finalizar con el más permisivo, de modo que puede considerarse a los diferentes casos expuestos como un continuo entre ambos extremos: Nicaragua, Guatemala, Perú, Uruguay y México.

A pesar de los contextos restrictivos, existen diversas iniciativas que se desarrollan en el plano de la salud sexual y reproductiva con miras a intervenir sobre distintas facetas del aborto inducido. No obstante, las limitaciones que plantean las normativas legales de cada país influyen en el tipo de iniciativa que se desarrolla públicamente: así, dentro de los contextos restringidos,

Nicaragua se diferencia de los demás países por la prohibición total del aborto que estipula su Código Penal a partir del año 2006 y la severidad de penas que plantea para quienes lo practiquen. De hecho, con sólo proporcionar información sobre el aborto las y los profesionales de la salud pueden ser encarcelados, por lo que su accionar está severamente restringido en la esfera pública.

Grupos de mujeres organizadas como SÍMujer y Mujeres Autónomas, por su parte, han mantenido acciones permanentes tanto en el plano nacional como internacional. En este último han llevado el caso de Nicaragua ante diversas instancias, como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, el Comité de Derechos Civiles y Políticos en Ginebra y el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, logrando posicionamientos que cuestionan la reciente penalización total del aborto, que rompió con más de 170 años de vigencia de la causal por aborto terapéutico.

En Perú, donde el aborto es ilegal y está penalizado (con excepción del terapéutico, al que las mujeres tienen muy escaso acceso), se estima que un 35 por ciento del millón de embarazos que se registran anualmente termina en aborto inducido [4]. Existe una gran desigualdad: las mujeres de menor nivel socioeconómico y las que viven en el medio rural son más proclives a realizarse procedimientos en peores condiciones [5].

A nivel de las y los profesionales de la salud, desde 1991 la Red ESAR (Educación para la Salud Reproductiva) en ese país desarrolla acciones de capacitación y sensibilización en la prevención del embarazo no deseado, en el tratamiento del aborto incompleto y en la atención post aborto, con un enfoque de calidad. Por parte de las mujeres organizadas, la asociación Flora Tristán ha planteado al aborto inseguro e ilegal como un problema de salud pública y de desigualdad social. Esta organización desarrolla un trabajo amplio que comprende la articulación con diversos actores en torno a la elaboración de protocolos de atención del aborto terapéutico, lo que ha logrado situar el tema en la agenda pública.

En Guatemala, donde el Código Penal únicamente permite el aborto terapéutico y el culposo (es decir, el causado por conducta imprudente), se estima que más de un tercio de las 180.000 guatemaltecas que enfrentan embarazos no planificados cada año buscan un aborto, la mayoría de las veces inseguro debido a que se recurre a la clandestinidad [6]. Al igual que en Perú, son las mujeres en situación de pobreza y las del medio rural las que tienen mayor riesgo de tener complicaciones y de no recibir el adecuado tratamiento [7].

En ese país, la organización de profesionales Mujeres Médicas comenzó a implementar su Programa de Atención Post Aborto en el año 2002, después de que las profesionales constataran el maltrato al que eran sometidas las mujeres que presentaban abortos incompletos en los centros de salud. El objetivo fue capacitar a todo el personal médico y paramédico de los servicios de gineco-obstetricia y a las médicas privadas. A través de ello se desarrolló un proceso de sensibilización del personal y se situó en la agenda nacional el tema del aborto inducido.

Por su parte, el movimiento de mujeres en Guatemala también lleva a cabo acciones de sensibilización respecto a temas relacionados con el aborto, haciendo hincapié en la laicidad del Estado. La organización Tierra Viva, por ejemplo, trabaja en la sensibilización de lideresas, realiza talleres con periodistas y monitorea la cobertura de los medios sobre el tema.

En Uruguay, país en el que el aborto está penalizado desde 1938 (aunque con cuatro causales: honor, violación, razones de salud y angustia económica), las movilizaciones constantes de las mujeres organizadas colocaron el tema de la despenalización en la agenda pública nacional. Desde que se produce la recuperación democrática en el año 1985 hasta la actualidad, estas organizaciones han impulsado la modificación de la situación legal del aborto voluntario, sumando a diversos actores de la sociedad civil y de la academia.

Este esfuerzo ha tenido un correlato a nivel parlamentario, ya que, desde ese entonces y en cada legislatura, se han presentado diversos proyectos de ley para modificar el Código Penal. El más reciente fue aprobado por el Parlamento en 2012 y todo indica que será promulgado próximamente por el Poder Ejecutivo. Éste suspende la pena del delito del aborto voluntario antes de la duodécima semana, siempre y cuando se cumplan una serie de condiciones.

Por otra parte, la estrategia de reducción de riesgos y daños desarrollada por profesionales de la salud nucleados en Iniciativas Sanitarias posicionó al aborto inseguro como un problema de salud pública, logrando incorporar la consulta por embarazo no deseado al sistema de salud a partir de 2004. Esta estrategia fue plasmada en una ordenanza ministerial y años más tarde fue incorporada en la Ley 18.426, asegurando su extensión a todo el territorio nacional [8]. Con la ley vigente es el Ministerio de Salud Pública el responsable de la implementación de estos servicios integrales en todo el país.

En México, si bien ninguna de las entidades federativas prohíbe totalmente la interrupción voluntaria del embarazo, la amplia mayoría de éstas considera que el aborto es la interrupción del producto de la concepción en cualquiera de sus etapas y (aunque con excepciones) prevén penas por ello. La salvedad es el Distrito Federal (DF), donde desde 2007 es legal la interrupción del embarazo hasta la duodécima semana de gestación.

El DF destaca por ser singular tanto en su contexto nacional como entre los países que son analizados en este artículo. En el DF se produjeron determinados factores que culminaron en la aprobación de la Interrupción Legal del Embarazo (ILE): por una parte, desde la sociedad civil las organizaciones de mujeres formaron en el año 2000 la Alianza Nacional por el Derecho a Decidir, una plataforma que impulsó la movilización y tuvo un papel muy importante en el asesoramiento respecto a las reformas legales. Por otra parte, el tema del aborto inducido había estado presente en las elecciones federales de 2006, dado que en ese año había contendido para la presidencia una candidata feminista. En 2007, un diputado de su partido lanzó la primera iniciativa para legalizar el aborto, que fue aprobada ese mismo año. Esto se produjo en un contexto en que la iglesia católica se encontraba debilitada.

Una vez que la ILE fue una realidad, el DF comenzó a garantizar servicios públicos de aborto con niveles crecientes de satisfacción para las usuarias. La sociedad civil no se retiró sino que continuó presente en el monitoreo de la experiencia, generando propuestas de mejora a ser implementadas por la Secretaría de Salud.

Entre el déficit democrático y la concreción efectiva de la ciudadanía de las mujeres

En la conceptualización del aborto inseguro e ilegal como problema de salud pública y obstáculo para la concreción efectiva de los derechos de las mujeres latinoamericanas han sido claves las acciones desarrolladas por la sociedad civil. Como se indicó, la doble dimensión del problema ha nucleado en torno a su resolución a mujeres organizadas y a organizaciones de profesionales de la salud. Ambos actores han sido fundamentales para dar visibilidad al problema en tanto vulneración de derechos de las mujeres, resaltando la existencia de un déficit democrático que las afecta específicamente y que perjudica particularmente a las de menores recursos.

En la amplificación de la voz de estos actores ha sido clave un factor que, si bien no se ha analizado aún en profundidad, no puede dejar de mencionarse: se trata de la cooperación internacional y, particularmente, de la que se genera a través de organizaciones de la sociedad civil que tienen su origen en países en los que el aborto constituye un derecho. Estas organizaciones han sido un foco constante de apoyo, ampliando el conocimiento técnico sobre el tema y apuntando al desarrollo de los vínculos entre actores que trabajan en la temática desde sus realidades locales.

La sociedad civil ha desarrollado diversas estrategias tanto para incidir directamente en el cambio legal que despenalice y/o legalice la interrupción voluntaria del embarazo (lo que se observa mayoritariamente en las mujeres organizadas) como para reducir los daños y riesgos asociados a la práctica del aborto inseguro (estrategia que predomina en las organizaciones de profesionales). Ambos acercamientos se realizan desde una perspectiva de derechos y han sido fundamentales para posicionar el tema en la agenda pública y lograr incidencia en el ámbito de la representación política.

No obstante, pese a que pueden encontrarse estas líneas comunes a las diferentes estrategias de la sociedad civil, existen especificidades que responden a características singulares de los diferentes países y que se relacionan particularmente con el grado de restricción o permisividad de sus legislaciones. En este sentido, se observa que en Nicaragua, país que presenta el más alto grado de restricción de los que fueron analizados, si bien se desarrollan estrategias a nivel nacional existe un fuerte direccionamiento de las acciones hacia la denuncia de la situación a nivel internacional. En otros países en los que el aborto inducido está penalizado pero existen exenciones bajo determinadas causales se producen acciones a nivel nacional que buscan garantizar el acceso al aborto cuando está comprendido dentro de la ley, se brinda información a las mujeres, se capacita y sensibiliza al personal médico y se trabaja con las autoridades sanitarias. Se trata de acciones que posicionan de otra forma el tema en la agenda pública e influyen en las y los tomadores de decisiones.

El caso del DF ofrece una buena oportunidad para observar hasta qué grado son determinantes las acciones emprendidas por la sociedad civil para lograr avances significativos en la concreción de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Allí se observa que las estrategias llevadas a cabo por las organizaciones sociales son fundamentales para generar un cambio legal que favorezca a las mujeres, y que una vez logrado, es necesario dar seguimiento a la situación para monitorear su funcionamiento, la calidad de la atención que se brinda y disminuir las barreras de acceso a los servicios.

En todos los países analizados, los actores de la sociedad civil que promueven soluciones frente al aborto ilegal practicado en condiciones de riesgo han posicionado el tema en tanto impedimento para lograr una democracia igualitaria en su enfoque hacia el género, que no vulnere los derechos de las mujeres. Al hacerlo, han problematizado la concepción tradicional de la ciudadanía, que necesariamente debe ser ampliada para abarcar los derechos sexuales y reproductivos y, particularmente, el derecho de cada mujer a interrumpir su embarazo si así lo desea sin que su salud corra riesgos evitables y respetando su autonomía.

Marcela Schenck (genco.uruguay@medecinsdumonde.net) forma parte de Médicos del Mundo Francia – Misión en Uruguay, junto a Carine Thibaut, también autora de este artículo. Las restantes autoras son: Sandrine Simon y Camila Giugliani (Médecins du Monde France) y Mónica Gorgoroso (IS).

Este artículo ha sido publicado en el nº 55 de Pueblos – Revista de Información y Debate – Primer trimestre de 2013.

Artículo publicado en revista Pueblos.

NOTAS:

[1] World Health Organization (2011): Global and regional estimates of the incidence of unsafe abortion and associated mortality in 2008, Geneva.

[2] En cuanto a las excepciones referentes a la restrictividad respecto a la situación legal del aborto inducido en los diferentes países y territorios de la región, siguiendo la clasificación de Singh et al (2009) a grandes rasgos puede señalarse que éste se reconoce como derecho en tres países y territorios (Cuba, República Cooperativa de Guyana y Puerto Rico). Dos de los casos que se analizan en este artículo, México DF (a nivel federal) y Uruguay (a nivel nacional) también se encuentran dentro de los contextos que, aunque con ciertas condicionantes, habilitan la interrupción voluntaria del embarazo.

[3] Septiembre de 2012. Taller impulsado por la misión Uruguay de Médicos del Mundo Francia con las organizaciones de la sociedad civil Mujer y Salud en Uruguay (MYSU) e Iniciativas Sanitarias (IS). Se presentó como una instancia de intercambio entre organizaciones feministas y de profesionales de la salud. Las organizaciones que presentaron datos incluidos en este artículo fueron: SÍMujer y Mujeres Autónomas, de Nicaragua; Red ESAR (Educación para la Salud Reproductiva) y Flora Tristán, de Perú; Mujeres Médicas y Tierra Viva, de Guatemala; Equidad de Género Ciudadanía Trabajo y Familia AC, de México; Mujer y Salud en Uruguay e Iniciativas Sanitarias, en Uruguay.

[4] Ferrando, Delicia (2006): El aborto clandestino en el Perú. Revisión, Centro de la Mujer Peruana, Lima, Flora Tristán, Pathfinder.

[5] Ídem.

[6] Prada, Elena; et al. (2006): Embarazo no planeado y aborto inseguro en Guatemala: causas y consecuencias, Nueva York, Guttmacher Institute.

[7] Ídem.

[8] Briozzo, Leonel; et al. (2007): Iniciativas Sanitarias contra el Aborto Provocado en Condiciones de Riesgo, Montevideo, Arena. Gorgoroso, Monica; et al. (2010): Ser parte de la solución… La experiencia de Iniciativas Sanitarias, Montevideo, Iniciativas Sanitarias.